Por Jorge E. Bedoya
Presidente Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)
Pasado el primer trimestre del 2024 arrastrando algunos de los retos que dejó el 2023, vienen unos meses de incertidumbre derivados de algunos de los anuncios de políticas públicas por parte del Gobierno Nacional y por lo que termine ocurriendo en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional con aquellas iniciativas que pueden impactar a nuestro sector.
La seguridad física es, sin duda, el asunto que hoy más preocupa al sector agropecuario, y así se le ha transmitido al ministro de Defensa, a los comandantes de las Fuerzas Militares y al director de la Policía Nacional, quienes se han comprometido con seguir promoviendo encuentros regionales para definir las acciones que se requieran para combatir el crimen. En esta ecuación, como lo hemos dicho en estas conversaciones, debe incluirse a la Fiscalía General de la Nación y a los Jueces, pues son fundamentales para que las acciones de la fuerza pública sean efectivas en condenas a quienes hoy atentan contra la seguridad de los productores.
Respecto a la situación de la economía colombiana que también genera alerta para nuestro sector, más allá del comportamiento del agro, son las caídas de sectores como la construcción, el comercio y el gasto de consumo final de los hogares y la demanda final interna, las señales que evidencian la necesidad de ejecutar un plan de reactivación de la economía del país.
Y es que, como insistimos siempre desde la SAC, la razón de ser de los productores agropecuarios son los consumidores y si, por ejemplo, en la construcción, que emplea a más de 1.4 millones de personas y en el comercio, a más de 3.8 millones de personas, se mantiene el mal desempeño, sumado a una tasa de informalidad laboral nacional superior al 50%, la cuenta de cobro será muy alta para quienes sobre sus hombros llevan la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria.
Si hablamos de políticas públicas, seguimos a la expectativa de lo que ocurra en el Congreso de la República con las reformas en materia de salud, pensiones y del régimen laboral presentadas por el Gobierno. En el caso de la reforma laboral reiteramos la preocupación del sector por el texto radicado por el Gobierno; es enorme la responsabilidad en este momento del Congreso pues si esta no resuelve los problemas de informalidad laboral y tampoco crea las condiciones para proteger y crear empleos formales, el remedio será peor que la enfermedad. En ese sentido, la SAC reitera la invitación a los Gobernadores y Alcaldes de nuestro país, que ya cumplieron sus primeros tres meses en funciones, para que estudien a profundidad este proyecto y se pronuncien al respecto, pues el empleo se genera en los territorios.
Pero en el Congreso también está el Proyecto de Ley de la Jurisdicción Agraria, un asunto de alto impacto y de la mayor relevancia para el país cuyo texto debe garantizar la protección de los derechos de la propiedad, la tenencia, la posesión, ocupación y uso de las áreas rurales para que realmente se contribuya a la convivencia pacífica, la seguridad física, la inversión, la creación de empleo y el desarrollo integral del campo colombiano. Este proyecto requiere ajustes en la mayoría de sus artículos y así lo hemos argumentado desde la SAC ante el Congreso de la República.
Este año, entre otros asuntos de interés del sector, seguramente la Corte Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad del Artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que eliminó la fase judicial en la mayoría de los procedimientos agrarios que establecía el Decreto Ley 902 de 2017 y que fue creada para el cumplimiento de lo estipulado en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. No se puede olvidar que la protección a la producción de alimentos, que goza de especial amparo constitucional, requiere de la garantía de la no regresividad de los derechos y del debido proceso en materia de la definición y la protección de la propiedad privada, so pena de verse gravemente afectados los principios de seguridad jurídica, confianza legitima y buena fe.
Se viene el fenómeno de La Niña tras la dura sequía y los racionamientos por El Niño; con todo esto, los desafíos del 2024 seguirán siendo abordados desde la SAC, con el liderazgo de sus afiliados, con todo el rigor técnico, argumentos sólidos y visibilizando las propuestas y preocupaciones que contribuyan a esa búsqueda del bienestar del campo colombiano.
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