Lo qué sucedió en el 2024, lo qué nos depara para el 2025
Por: AXIS Consultoría Pública
La agenda legislativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro en materia rural se ha concentrado de manera especial en la creación de la llamada Jurisdicción Agraria y Rural, una iniciativa que según sus promotores pretende establecer un marco legal que facilite la resolución de conflictos relacionados con la tierra y que fue incluida dentro del Acuerdo de La Habana.
Para darle forma el Gobierno impulsó en primer lugar un acto legislativo para incluir esta jurisdicción en la Constitución Política, reforma que cobró forma a través del Acto Legislativo 03 de 2023 y que, desde su aprobación, se ha buscado desarrollar a través de leyes.
A continuación, se presenta un breve panorama de los avances que tuvo esta jurisdicción en el último año y lo que queda por tramitar en el Congreso antes de su entrada en funcionamiento:
Lo que pasó en 2024: La ley estatutaria, la estructura de la jurisdicción
Durante la legislatura anterior, que terminó el pasado 20 de junio de 2024, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley estatutaria presentado por los ministerios de Justicia y Agricultura en la legislatura 2023-2024 y que fue aprobado en sus cuatro debates por la mayoría de las Comisiones Primeras y las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.
El debate de la estatutaria fue relativamente sencillo, pues la discusión sobre la conveniencia de la creación de la jurisdicción se había agotado durante el trámite de la reforma constitucional, el Acto Legislativo.
Sin embargo, actualmente el texto aprobado por ambas cámaras está siendo estudiado por la Corte Constitucional, que, por tratarse de una ley estatutaria tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma antes de que la ley pueda ser sancionada por el presidente y entrar en vigor. Será La Corte la que dé el visto bueno sobre las normas que definen temas como la integración de las Salas, tanto en la Corte Suprema de Justicia, como del Consejo de Estado, así como la creación de múltiples tribunales y juzgados agrarios en todo el territorio nacional.
Lo que viene para 2025: La ley ordinaria, las reglas de procedimiento.
A la fecha se está tramitando en el Congreso el Proyecto de Ley 183 de 2024 Senado, que tiene pendiente iniciar su primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República. Sin embargo, ya se nombraron ponentes para la discusión: los senadores Carlos Fernando Motoa y Alejandro Carlos Chacón, ambos en calidad de coordinadores ponentes y los senadores Alfredo Deluque, Juan Carlos García, Carlos Alberto Benavides, Julián Gallo, Aida Quilcué Vivas, Paloma Valencia y Ariel Ávila.
Este proyecto de ley ordinaria señala la forma en la que va a operar la jurisdicción, sus principios, las reglas de procedimiento a la que estarán sujetos los jueces y tribunales agrarios y que procesos conocerá cada instancia de la jurisdicción. El proyecto consta de 80 artículos, dentro de los que se incluyen algunos aspectos que se deberán revisar para garantizar los derechos de todas las personas que accederán a esta justicia, especialmente desde el sector agropecuario.
Los artículos que tratan sobre los principios, por ejemplo, imponen a la justicia objetivos que parecen más de política pública que de administración de justicia y otros, podrían desconocen los lineamientos que ya existen en la ley para proteger la propiedad privada o la igualdad material de las partes en el proceso.
Pero el proyecto no se queda ahí, establece varias reglas para proteger a la llamada “parte más débil”, esto podría llevar a desequilibrios procesales que pueden desconocer los derechos constitucionales de los propietarios y productores rurales, porque prohíbe a los jueces agrarios ejecutar medidas para proteger los derechos de una de partes, bajo los procedimiento que actualmente la ley permite, además se amplía o limita el alcance de algunos principios que la Constitución y legislación ya reconocen en los artículos 58, 64 y 65 de la constitución, el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Además, a través de un parágrafo en el artículo 12 del proyecto de ley, se pretende facultar a la Agencia Nacional de Tierras para resolver sobre los llamados procedimientos agrarios especiales, dentro de los que se incluyen la clarificación y la extinción de dominio como se proponía en el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo y que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.
Se espera que el debate sobre este proyecto sea especialmente difícil para el Gobierno, pues el acuerdo que logró para el trámite de la ley estatutaria de ninguna manera se extiende a todos los temas que trata la ley ordinaria. Las posturas de las diferentes bancadas, especialmente en la Comisión Primera del Senado, podrían llevar al Gobierno a aceptar múltiples e importantes cambios en el articulado que podrían moderar el texto aprobado. De lo contrario los ministerios de Justicia y Agricultura podrían enfrentarse al archivo del proyecto.
Se espera que el debate sobre este proyecto sea especialmente difícil para el Gobierno, pues el acuerdo que logró para el trámite de la ley estatutaria de ninguna manera se extiende a todos los temas que trata la ley ordinaria. Las posturas de las diferentes bancadas, especialmente en la Comisión Primera del Senado, podrían llevar al Gobierno a aceptar múltiples e importantes cambios en el articulado que podrían moderar el texto aprobado. De lo contrario los ministerios de Justicia y Agricultura podrían enfrentarse al archivo del proyecto.
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