Noticia tomada de El Tiempo
El Club de Ejecutivos de Cali reunió este jueves a empresarios, agricultores y comerciantes de la región del Valle del Cauca y del norte del Cauca alrededor del seminario ‘Seguridad jurídica de la propiedad privada‘.
Este espacio, convocado por la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña), abordó las preocupaciones del sector por las invasiones a predios agrícola productivos que se presentan en el norte del Cauca y socializó los mecanismos jurídicos para impedir o lograr la cesación de una perturbación de la propiedad.
Según la directora ejecutiva Procaña, Martha Betancourt, actualmente se registran más de 5.000 hectáreas invadidas en el norte del Cauca por parte de comunidades indígenas y grupos armados ilegales.
“Lo que vemos aquí es una violación del Estado de derecho, entendemos que hayan incumplimientos del Estado y que las comunidades hagan los reclamos, pero lo que no se puede es vulnerar el derecho de los colombianos. Siempre lo que hemos solicitado como gremio es que se respete la propiedad privada, que los agricultores que han sido afectados se les restituyan los derechos”, señaló.
De acuerdo con datos proporcionados por la asociación, esta problemática ha generado la perdida de 5.000 empleos, 6 trabajadores asesinados, 14 heridos y 15 secuestrados. Además, hay más de 700 denuncias interpuestas ante la Fiscalía.
“Eso genera una sensación de inseguridad e incluso de temor por parte de los propietarios legítimos que hay en el norte del Cauca. Ahí es donde se requiere que el Estado participe de manera muy activa ¿Cómo? Arreglando las normas que no están bien, garantizando la seguridad física y dejando claridad que las invasiones de predios que están siendo explotados, y aún si no lo estuvieran, tienen que contar con todas las garantías por parte del Estado colombiano”, expresó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya.
Por lo anterior, el seminario sirvió para profundizar en herramientas jurídicas de defensa en caso de disputa física (invasión). Uno de esos mecanismos mencionados fue el Tipo Penal Perturbación a la Posesión sobre Inmueble (Artículo 264 de la Constitución Política) el cual ampara todo tipo de relaciones jurídicas y habla de penas de 16 a 36 meses de prisión y multa a todo aquel que perturbe la posesión que otro tenga de bienes por medio de violencia.
Otra herramienta que se presentó fue la de Acción preventiva por perturbación (Artículo 81 de la Ley 1801 de 2016), que pretende una orden de desalojo a la persona que pretende invadir el predio y que deberá interponerse en las 48 horas siguientes a la perturbación.
También se habló se de la Acción Policiva de amparo a la posesión, (Artículo 80 Ley 1801 de 2016) cuya finalidad es mantener el statu quo dentro de los cuatro (4) meses, mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos y las indemnizaciones.
Asimismo, se dialogó del Tipo Penal de Invasión de Tierras (Artículo que impone penas de 60 a 144 meses de prisión a el que invada terreno o edificación ajena cuando la invasión se produzca en predio rural, con explotación agrícola o pecuaria.
Por su parte, el Proceso de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) debe demostrarse el hecho víctimizante posterior al año 1991 ejercido por la GAML ocurridos en ocasión del conflicto armado interno, excluyendo actos de delincuencia común.
Sin embargo, la directora ejecutiva de Procaña puntualizó que, “en la Junta directiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle (SAG) ya se han registrado otros sectores atacados: palma, ganadería y en la zona oriental temas de arroz. Los mecanismos legales están, pero la problemática aún sigue”.
La vocera de la asociación aseguró que no ha habido un compromiso por parte de los representantes de los grupos étnicos frente a los acuerdos que se han hecho en la Mesa de Diálogos del Norte del Cauca, instalada en octubre de 2022 a través de la resolución 1691.
“Se han adelantado muchos diálogos, pero como todos lo sabemos desde ayer está bloqueada la vía panamericana nuevamente. La ANT entregó la finca la Emperatriz a indígenas, no obstante ese mismo día se registró un bloqueo por parte de un cabildo a la vía Panamericana”, agregó.
Entre el 2019 y el 2022, se ha registrado la quema de 1.106 hectáreas de caña, generando una disminución de ingresos, pasando de $3.300 millones en 2016 a $826 millones en 2022.
Tras realizar dos paneles donde agricultores contaron sus experiencias, los representantes del gremio llamaron a la unión y pidieron acciones del Estado para prevenir las invasiones.
Juan Pablo Penagos Ramírez
CALI
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