Respetado Señor Ministro:
Doctor:
EDWIN PALMA EGEA
Ministro de Minas y Energía
pciudadana@minenergia.gov.co
En el marco del proceso de consulta pública del proyecto de resolución mediante el cual se propone modificar la metodología para el cálculo del valor del ingreso al productor de bioetanol, como representante de los agricultores de la caña, nos permitimos presentar nuestros comentarios:
En primer lugar, hay que destacar que, desde el inicio, como gremio, respaldamos el espíritu de la Ley 693 de 2001 que era y sigue siendo dinamizar el sector agrícola nacional, contribuyendo simultáneamente con la seguridad energética, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero -GEI- causantes del cambio climático y las de material particulado, que afecta la salud, impulsar la agricultura, la generación de empleo formal y los ingresos para los agricultores en el campo.
Siendo PROCAÑA el ala social del sector productivo de la caña de azúcar, al representar los intereses de 12 mil cultivadores de caña micro, pequeños, medianos y grandes en 5 departamentos, llamamos la atención sobre el impacto negativo que tendría esta medida en los ingresos y la sostenibilidad de los cañicultores, toda vez que la metodología existente para el pago de la caña se vería afectada por el menor ingreso al productor superior al 14%, que se extendería a todos los eslabones de la cadena.
Es fundamental destacar que el sector de la caña de azúcar es modelo a nivel nacional e internacional de agricultura contractual, que garantiza como ninguna otra cadena agrícola asistencia técnica permanente, financiación oportuna y comercialización garantizada que brinda estabilidad a los agricultores para hacer inversiones en infraestructura, aportes voluntarios en investigación y desarrollo tecnológico a través de Cenicaña y en programas sociales que benefician a comunidades enteras de la zona de influencia fortaleciendo el tejido social rural, reduciendo la pobreza y evitando el desplazamiento del campo.
Los agricultores de caña de nuestra región mantienen sus inversiones y generan empleo a pesar de la difícil coyuntura de seguridad que se evidencia en el incremento de indicadores de secuestro, extorsión, robos, abigeato. Además, deben enfrentar la nefasta incidencia de los delitos derivados de cultivos ilícitos y minería ilegal que afectan la vinculación de jóvenes a actividades agrícolas, las invasiones a la propiedad privada que ha llevado a la perdida de mas de 5 mil empleos y afectaciones a 6 mil ha sembradas en caña, aprobar este proyecto de resolución agravaría la estabilidad social y económica del territorio afectado de paso el recaudo de impuestos en los municipios y la demanda de insumos, bienes y servicios que demanda el sector y que asciende a más de $7 billones al año.
Empleo: Como agroindustria de la caña de azúcar se generan 286.000 directos e indirectos en la producción de azúcar, energía renovable, papel y bioinsumos, de los cuales 28.000 son empleos directamente asociados a la producción de bioetanol.
Transición energética e Impacto Ambiental: Este gobierno ha tenido en la transición energética una de sus principales banderas, que incluye diversificar la matriz energética hacia fuentes renovables no convencionales (FNCER), descarbonizar sectores como la minería y el transporte, y garantizar el acceso equitativo a la energía, mientras se fortalece la economía y el empleo.
Este proyecto de resolución va en contravía de este objetivo, toda vez que el etanol ha favorecido la reducción de emisiones del parque automotor colombiano contribuyendo en cerca del 38% en la meta de descarbonización nacional entre el 2022 y 2024, evitando más de 2,15 millones de toneladas de CO2, en línea con los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 y el Acuerdo de París.
El bioetanol que se produce con la caña colombiana ha demostrado tener un impacto ambiental positivo, al reducir en un 74 % las emisiones de CO₂ frente a la gasolina, siendo el más eficiente del mundo. Desde 2005 ha sustituido más de 1.172 millones de galones de gasolina, evitando la emisión de 9 millones de toneladas de CO₂, equivalente a lo que capturan 68 millones de árboles.
La producción nacional se basa en un modelo de economía circular que utiliza la vinaza como biofertilizante y tiene potencial para generar hasta 80 millones de m³ anuales de biometano, el 40 % del consumo residencial del Valle del Cauca. Sustituir este etanol por gasolina o producto importado incrementaría las emisiones y afectaría la salud pública, mientras que aplicar el Precio de Paridad de Importación -PPI- implicaría un retroceso ambiental y climático, contrario a los objetivos de una transición energética justa.
Solo en el 2024, Colombia produjo 406 millones de litros de bioetanol, con una capacidad instalada de 615 millones, lo que permitió mantener una mezcla del 10 % en la gasolina y contribuir al abastecimiento energético del país. La agroindustria de la caña, además, es el mayor cogenerador industrial del país, con una producción de 1.856 GWh al año y 800 GWh de excedentes que fortalecen el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, la aplicación del Precio de Paridad de Importación -PPI- eliminaría los incentivos para la producción nacional, poniendo en riesgo la continuidad del programa de oxigenación de combustibles y obligando al país a importar alrededor de 825 millones de litros de etanol anuales, con un costo superior a USD 500 millones. Esta pérdida de capacidad afectaría la resiliencia energética regional y el equilibrio del sistema eléctrico nacional.
Confiamos en que estas observaciones contribuyan a enriquecer el análisis y a consolidar un instrumento que, además de su rigor técnico, sea incluyente y mantenga los principios que dieron origen a la ley.
Reiteramos nuestra disposición de participar activamente en las mesas y procesos de construcción colectiva que permitan avanzar hacia una política de biocombustibles que contribuya a la transición energética, producción y distribución de estos alcoholes, a promover la producción nacional, la competencia, a mejorar la calidad del aire al disminuir las emisiones contaminantes, a dinamizar la producción agropecuaria, el empleo productivo, tanto agrícola como industrial.
Atentamente,
Martha C. Betancourt Morales
Directora Ejecutiva
PROCAÑA
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