En la Asamblea Anual Ordinaria de Procaña, se destacó la importancia de la seguridad, la inversión social, la sostenibilidad y la innovación como desafíos cruciales para el sector. 

Se exaltó el papel de la caña de azúcar en 150 años de presencia en la región como eje de desarrollo económico, social y ambiental, la generación de empleo y tejido social en los territorios, la versatilidad de la caña que es base para producción azúcares, mieles, alcohol carburante, cogeneración de energía y más de 120 subproductos y derivados. 

Los problemas de orden público, extorsión, ataques a la propiedad privada, robos e intimidaciones en el suroccidente del país están afectando gravemente la economía regional. En el Cauca, más de 5,000 hectáreas han sido invadidas, poniendo en riesgo alrededor de 6,000 empleos directos e indirectos en el sector agroindustrial, según Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña.

Panel: Inversión social, apuestas para el desarrollo del territorio

Durante la asamblea, voceros de Propacífico, Fundación Corazón de Caña y la Fundación Caicedo González dialogaron con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, sobre la importancia de la inversión social para el desarrollo del territorio. David Gironza, director ejecutivo de la Fundación Corazón de Caña, destacó la priorización de proyectos de infraestructura social en comunidades urbanas y rurales con una inversión de alrededor 10.000 millones de pesos. 

María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, subrayó la necesidad de un sector privado comprometido social y cívicamente, destacando que “el sector privado debe convertirse en el primer ciudadano de sus territorios”. 

Mientras que Ana Milena Lemos, directora ejecutiva de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, añadió que la inversión social y la filantropía son esenciales para el desarrollo territorial, siempre respetando la dignidad y derechos de las personas.

Lemos enfatizó en que no se puede confundir filantropia con asistencia, “pues al Estado le corresponde garantizar los derechos de los más vulnerables, mientras que los empresarios y el sector social podemos apoyar la generación de capacidades individuales y colectivas de los individuos que los prepare para el emprendimiento y el trabajo”.

A pesar del complicado panorama de seguridad, el sector Cañicultor está comprometido con la inversión social. Durante la asamblea, se presentaron proyectos desarrollados con el apoyo de cultivadores de caña y fundaciones aliadas, como Corazón de Caña y Caicedo González Riopaila Castilla. Y se resaltó el programa Aldeas que ha beneficiado a 1,659 familias con una inversión cercana a los 1,700 millones de pesos, reseñó la directora ejecutiva de Procaña

Llamado a fortalecer la seguridad

Durante la asamblea pública, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reconoció que los problemas de seguridad afectan los esfuerzos del sector y destacó la necesidad de un enfoque integral del gobierno nacional para abordar la inseguridad no solo en el departamento sino en todo el Pacífico colombiano. También mencionó la importancia de contar con un batallón de alta montaña para reforzar la seguridad, especialmente en Jamundí.

Por su parte, José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), afirmó que “el sector agroindustrial es clave para liderar la economía nacional”, señalando el potencial de Colombia en este ámbito y la importancia de un ecosistema integrado de productores.

“Colombia tiene un enorme potencial en el tema agroindustrial y por ejemplo este espacio tiene muchas enseñanzas para el resto de sectores de cómo lideramos un ecosistema de pequeños, medianos y grandes jugadores, todos articulados en la medida que se van generando sinergias en la producción, en este caso de la caña”, anotó López.

La asamblea concluyó con un llamado a defender la democracia, a defender la democracia, a respaldar a la fuerza pública, a reconocer el compromiso de los empresarios como actores de desarrollo, a fortalecer la colaboración entre el sector privado y el gobierno para abordar los retos de seguridad, inversión social y sostenibilidad en el sector agroindustrial.


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