Por: Martha Betancourt – Directora Ejecutiva de Procaña
Colombia atraviesa una coyuntura crítica que exige reflexión y acción decidida. Los indicadores de seguridad muestran un deterioro preocupante: aumentan los delitos en las ciudades, persisten los ataques de grupos armados ilegales en distintas regiones y se registran asonadas que afectan la tranquilidad de comunidades enteras.
A ello se suma un hecho doloroso y alarmante: el asesinato de trabajadores vinculados al sector de la caña de azúcar, pilar productivo del suroccidente del país y fuente de empleo digno para miles de familias. Las invasiones a predios cultivados con caña, en algunos casos acompañadas de violencia, no solo ponen en riesgo la propiedad privada y la inversión, sino también la paz social y la seguridad alimentaria. Estos fenómenos evidencian una amenaza directa a la convivencia democrática y a los derechos fundamentales que la Constitución consagra.
A la compleja situación de seguridad se añade un panorama de inestabilidad jurídica. En los últimos meses, se han tramitado numerosos proyectos de ley, decretos y resoluciones que modifican de manera constante las reglas de juego para los ciudadanos y las empresas. Muchas de estas normas se perciben como improvisadas, contradictorias e incluso contrarias al espíritu de la Constitución. Este ambiente genera incertidumbre, desincentiva la inversión y erosiona la confianza en las instituciones, afectando no solo a los sectores productivos que dependen de la estabilidad económica y normativa para proyectar su futuro.
Frente a este panorama, los cultivadores de caña y todos los ciudadanos tenemos un compromiso ineludible con el país y con la historia. La democracia nos exige participar activamente en los procesos electorales que se avecinan, con la responsabilidad de estudiar las propuestas de los candidatos al Senado, la Cámara de Representantes y la Presidencia de la República. Es nuestra tarea mostrarles, con hechos y argumentos, el impacto que el sector de la caña tiene en la generación de empleo, así como en el desarrollo de programas ambientales y sociales que transforman las condiciones de vida en los territorios.
Por lo anterior, en el año 2023 PROCAÑA dio inicio al programa Compromiso Cívico, que nació como una campaña para promover entre los afiliados la participación en política como un proceso fundamental para el fortalecimiento de la democracia, ya que es un derecho que permite a los ciudadanos expresar su voz y participar en la toma de decisiones que afectan a su comunidad, a su sector, y es un deber cívico para garantizar la salud democrática, la transparencia y la rendición de cuentas. El programa se ha evolucionado para mantener un contacto permanente con los candidatos a elección popular y gobernantes locales, buscando incidir en las políticas públicas.
La responsabilidad no puede ser delegada ni postergada. Participar en política, ya sea de forma individual o colectiva, es un deber ciudadano que nos permite influir en las decisiones y en la solución de los problemas públicos. No podemos esperar que otros resuelvan por nosotros lo que nos corresponde construir en conjunto. El Congreso, las autoridades locales y nacionales toman decisiones que inciden en nuestra vida diaria; por eso debemos ser parte activa, vigilante y propositiva en este proceso. Hoy más que nunca, está en nuestras manos defender la democracia y fortalecerla con nuestra voz, nuestro voto y nuestra acción colectiva. La historia nos está llamando, y la respuesta debe ser clara: compromiso, participación y unidad para forjar el futuro de Colombia.
Frente a la gran incertidumbre y la polarización, debemos asumir un papel protagónico, y esto pasa por trabajar con los congresistas elegidos de forma democrática, de tal forma que representen nuestros derechos y los más altos intereses de los ciudadanos, y ejercer las veedurías a los mandatarios locales para que sus gestiones vayan alineadas con las necesidades de los ciudadanos y no atendiendo favores políticos.
La situación que vive nuestro país nos invita a tomar acciones concretas en el terreno político, donde se pondrá en juego el futuro de nuestra nación; los desafíos son grandes en materia económica, salud, seguridad, empleo y en la derrota de la corrupción, como el más grande flagelo de nuestra patria.
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