En el marco de nuestra LII Asamblea Anual de afiliados Procaña, la cual logró reunir más de 540 asistentes se llevo a cabo nuestro panel, se presentó el informe de gestión 2024, se tomaron decisiones estratégicas para el fortalecimiento institucional y se eligió la nueva Junta Directiva para el periodo 2025 – 2027.
Moderado por el abogado, Ex ministro de Ambiente y director de La FM, Juan Lozano, evidenció los graves desafíos que enfrentan los cultivadores de caña y el agro en general, ante la creciente inestabilidad normativa y el deterioro de las condiciones de orden público en nuestro país.
Durante este espacio, cada uno de los expertos brindó su apreciación sobre la compleja situación que enfrenta el campo colombiano.
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), afirmó que “sin seguridad jurídica y sin seguridad física no hay seguridad alimentaria”. Propuso construir una bancada agropecuaria sólida que impulse propuestas concretas en el Congreso y en las próximas campañas presidenciales. De igual manera no dudó en criticar duramente al gobierno actual: “Este gobierno es enemigo total del sector empresarial. Hemos perdido como sector agropecuario porque hay un Gobierno que no le interesa progresar, en el caso del campo”.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza coincidió en la crítica. Admitió sentirse desilusionada por el incumplimiento de promesas del presidente Gustavo Petro: “Yo voté en segunda vuelta por él y me siento francamente muy desilusionada de todas las promesas que se han quedado en el camino”. Resaltó, no obstante, el compromiso social del empresariado vallecaucano y enfatizó en la importancia de generar espacios de diálogo con la juventud como base para la transformación nacional.
Christian Garcés, también representante a la Cámara, junto con Alejandro Linares, ex presidente de la Corte Constitucional, coincidieron en que Colombia vive una constante inestabilidad jurídica. “Las normas cambian cada mañana y eso genera pánico entre los productores”, dijeron. Alertaron sobre la falta de claridad en la reglamentación en materia de tierras, que ahoga al sector agrícola bajo una maraña legal impredecible.
El panel cerró con una conclusión clara: sin reglas estables, sin presencia efectiva del Estado y sin una política rural que trascienda la simple redistribución de tierras, el campo colombiano está condenado a sobrevivir en medio del miedo y la incertidumbre.
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