El compromiso de Procaña en la búsqueda de alternativas para solucionar la problemática del norte del Cauca es evidente, y de ello da cuenta la participación en diversos comités, entre ellos el Plan de Acción liderado por el entonces Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo (QEPD), buscando atender la situación más coyuntural desde la constitución del gremio.
Desde el 2022 cuando el gobierno expidió la Resolución 1691, hasta la fecha, hemos asistido a 66 reuniones, más de 117 horas a la que también han sido convocados representantes de organizaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas, empresarios, agricultores, gremios, representantes de trabajadores, organizaciones internacionales de DDHH, gobiernos locales, departamentales y el Gobierno Nacional con el fin de crear un espacio de diálogo, conciliación, concertación y/o mediación entre las partes.
Vale la pena destacar que como resultado de las reuniones se logró un espacio de 95 días de calma, fue una ventana de esperanza para seguir apostándole al diálogo como camino para construir un proyecto de región, un camino para la paz y el desarrollo social y regional. Lamentablemente a inicios de este año esa calma fue interrumpida por el asesinado de dos trabajadores.
¡Nos duele que en el Cauca no cesen las hostilidades! Por cuenta de la inseguridad en la zona hay 5.000 hectáreas sin poder producir ocasionando la pérdida de 6.000 empleos, afectando toda la cadena de valor: agricultores, trabajadores y sus familias que pierden sus ingresos y a una serie de Pymes (contratistas y empresas), que ofrecen bienes y servicios en esa zona y también generan puestos de trabajo, de manera indirecta, para la agroindustria de la caña de azúcar.
En la memoria de todos están episodios violentos que a la fecha nos deja como saldo a cinco trabajadores muertos, ocho heridos y un secuestrado en las incursiones ilegales a los predios, además de los impactos en: la infraestructura, el medio ambiente, la tranquilidad, la protección a los derechos humanos, el derecho al trabajo y a la libre asociación y la producción de alimentos que tiene una especial protección constitucional por la importancia para el país.
Nos mantenemos en la mesa, pero consideramos que se requieren de condiciones mínimas como: seguridad para el ejercicio de la actividad agroindustrial que evite las amenazas a los trabajadores y propietarios de los cultivos de caña, propenda por el orden constitucional y la preservación de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio por igual.
Para Procaña, el desarrollo rural integral debe ser uno de los objetivos del Gobierno Nacional, pero este sólo es posible cuando las tierras realmente son productivas, porque el problema del campo va más allá de la propiedad de la tierra. Los agricultores requieren financiación suficiente, asistencia técnica permanente y asesoría en la comercialización y administración de sus productos para que sean sostenibles en el tiempo y económicamente viables.
Como sector ofrecemos nuestro concurso y experiencia de más de 100 años en agricultura contractual y conocimiento técnico, para que el campo sea realmente productivo para los pequeños campesinos.
Reiteramos al Gobierno Nacional la necesidad urgente de implementar estrategias efectivas que garanticen las condiciones de seguridad de la región, de sus habitantes, el cumplimiento del orden constitucional y el respeto de los derechos humanos, solo de esta forma puede mantenerse el diálogo en la Mesa del Norte del Cauca.
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